Un modelo de Estado que sólo genera paro

Tras la irrupción del keynesianismo (y sobre todo tras la publicación de “La Teoría General del Empleo, del Interés y el Dinero” de Keynes) cuando el Estado, a lo largo y ancho del mundo libre, empezó a intervenir de manera decidida en el mercado laboral (y, dicho sea de paso, en todos los mercados).

Podemos establecer que uno de los criterios básicos que tomó la configuración estatal tras Keynes fue que el Estado tenía que fomentar la economía en aras de lograr el pleno empleo.  

El Estado, por lo tanto, llevará a cabo dos tareas de intervención en política de empleo:

 

1. Intervención directa en la economía a través de Inversión Pública: Por esta vía el Estado comenzó a abrir Organismos, Instituciones Públicas y Entidades Empresariales Públicas que daban puestos de trabajo a aquellas personas que se habían quedado sin trabajo y que utilizaban aquellos recursos (de capital o de tierra) que habían dejado de otorgar unas rentabilidades superiores a los costes a las empresas. El efecto de esta medida es nefasto por doble partida. Primero porque genera un déficit al empeñarse el Estado en mantener un sector que ha perdido beneficios ahuyentando a la empresa privada. El gasto que se produce en ese sector es superior al retorno que le va a reportar, luego la inversión será ruinosa y sólo podrá mantenerse acudiendo a fuentes de financiación: impuestos y emisión de deuda. Por otro lado, al explotar un mercado que estaba condenado al fracaso impide el Estado la evolución natural competitiva de los recursos de ese mercado para que especialicen en otra materia y se vuelvan más competitivos. El agricultor que ya no le compensó seguir cultivando, en vez de aprender a manejar las máquinas de la industria, siendo más productivo, más competitivo y con mayor calidad de vida; continúa con el azadón en el campo.

Si bien puede parecer que este tipo de políticas ya no se realizan en la actualidad, estamos rodeados de ellas: televisiones públicas, bancos públicos, inmobiliarias públicas… Empresas que debían haber quebrado tras la crisis de 2007 y que sólo se han mantenido a flote por el Estado. Ahora, que los Estados están quebrados y tienen que deshacerse de aquel personal a lo largo de todo el mundo, condenarán a estos trabajadores a una especialización 5 años después de cuando debieron realmente especializarse en otro sector.

Como decíamos, para mantener esta incongruencia económica de destinar recursos allí donde no cubren los costes con sus rendimientos, el Estado debía recaudar vía impuestos y debía emitir deuda. Con la emisión de deuda, al constituirse como un poderoso agente económico y con el aura de imposibilidad de quiebra aparente, arrebata fuentes de financiación a las empresas que realmente son más rentables. Al no obtener financiación con tanta facilidad estas empresas, algunas se verán obligadas a cerrar (aun siendo más rentables que las estatales) dejando de utilizar recursos más productivos y competitivos (aumentando el paro con personal capacitado y eficiente). Además, no conforme con poner trabas en el acceso a la financiación, el Estado castiga a estas mismas empresas aumentando los costes de las mismas vía impuestos. Aquellas cuyos retornos cubrían por poco sus costes del capital se verán también obligadas a cerrar, produciendo más paro.

 

2. Intervención directa en el mercado laboral a través del Derecho del Trabajo: el derecho del trabajo es un derecho tuitivo, es decir, es proteccionista con el trabajador. La idea que subyace a este concepto es que al igual que las economías de escala son capaces de reducir los costes de sus materias primas el empresario capitalista, haciendo uso de las mismas, tratará de reducir sus costes laborales dando menor salario a sus empleados. Este argumento que sustenta la Ley de Salario Mínimo es falaz y fácilmente contra-argumentable.

Si bien es cierto que la empresa tratará de, mediante el uso de economías de escala, reducir sus costes productivos, no podrá reducir los costes de los mismos cuando dichos recursos que utiliza son escasos. Si un trabajador está especializado en un sector no podrá una empresa—por muy grande que sea y mucho que produzca—demandarle con un salario pequeño. El propio trabajador rechazaría dicho salario escaso y buscaría otra empresa que en un sistema de competencia le abonaría un salario mayor ya que su valía y los retornos que le producirá a la empresa son mayores. Por lo tanto, las personas para no tener salarios reducidos buscarán especializarse y competir, y las empresas competirán (ofreciendo mayores retribuciones) por contratar a los mejores.

Una vez demostrado el poco rigor de la base ideológica de la Ley del Salario Mínimo pasamos a demostrar como la misma genera paro. La Ley del Salario Mínimo supone una barrera de entrada al mercado laboral tanto para la Oferta (los individuos) como la Demanda (las empresas). El libre mercado, y más uno con miles de millones de personas de volumen como es el mercado laboral mundial, fija la cantidad y precio exacta para cada intercambio. En épocas contractivas de la economía, cuando las empresas empiezan a ajustar sus costes y diversificarlos a sectores más productivos tal y como hemos explicado supra, los salarios se verán reducidos porque la demanda se verá reducida ya que habrá menos empresas interesadas en contratar. Las que queden, capaces de contratar pese a la mala coyuntura, lo querrán hacer a un precio que tal vez les está prohibido. Incluso las personas que quieran atender esa demanda a bajo salario no podrán hacerlo. Luego se generará mucho más paro.

A la Ley del Salario Mínimo habría que añadirle otros fundamentos tuitivos del derecho del trabajo, como las altas e incomprensibles indemnizaciones por despido. Si la base de la economía es que si un negocio no resulta rentable tendrás que o bien incrementar su rentabilidad o bien reducir su coste, cuando no le dejas a una empresa reducir el coste laboral porque no tiene recursos para satisfacer la indemnización del trabajador fuerzas a la empresa a continuar su labor deficitaria. Una agónica muerte que termina con la empresa quebrada y todos los trabajadores en el paro, cuando igual sólo despidiendo a uno de ellos se habría solucionado el problema de la empresa y el resto seguirían trabajando. Además, esta persona despedida se habría especializado y habría obtenido mayor rendimiento en otro sector.

En conclusión, la doble intervención en el mercado laboral del Estado (tanto como ente público empresarial como regulatorio y acaparador del sector privado) genera en el largo plazo más paro, menor especialización, menor fuente de recursos para la empresa, menor competitividad, más deuda, más destrucción de tejido empresarial y menor crecimiento económico.

Ahora imaginen que el Estado no tuviera estas potestades, ¿seguiríamos en crisis tras cinco años?

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Una respuesta a Un modelo de Estado que sólo genera paro

  1. Juan Pedro Franco dijo:

    Estimado David, si la II Guerra Mundial no hubiese estallado, el “New Deal” hubiese alargado la Gran Depresion durante una decada.

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